TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha puesto el dedo en la llaga al exigirle a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) que rinda cuentas sobre el uso de los fondos recaudados a través de la Tasa de Seguridad, también conocida como Fondo de Protección y Seguridad Poblacional. Nelson Castañeda, director de […] TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha puesto el dedo en la llaga al exigirle a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) que rinda cuentas sobre el uso de los fondos recaudados a través de la Tasa de Seguridad, también conocida como Fondo de Protección y Seguridad Poblacional. Nelson Castañeda, director de
- El Gobierno no ha justificado el 43.6% de los fondos recaudados entre 2022 y 2025; la ASJ señala graves inconsistencias y exige transparencia en el uso del dinero destinado a la seguridad del pueblo hondureño.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha puesto el dedo en la llaga al exigirle a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) que rinda cuentas sobre el uso de los fondos recaudados a través de la Tasa de Seguridad, también conocida como Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, informó que, tras analizar la información pública disponible en el portal de SEFIN, identificaron una inconsistencia millonaria: de los 15,457 millones de lempiras recaudados entre 2022 y mayo de 2025, solo se ha podido rastrear el destino de 8,722 millones, dejando sin justificar 6,736 millones de lempiras, equivalentes al 43.6% del total.
“El análisis reveló que no todos los recursos ingresan a la Tesorería General de la República, lo que plantea serias dudas sobre el destino final de estos fondos”, advirtió Castañeda.
Ante esta opacidad, la ASJ presentó formalmente una solicitud de información a SEFIN, exigiendo la justificación técnica y legal sobre la asignación de los recursos, detalles del uso específico del dinero, y los mecanismos de control y fiscalización aplicados para garantizar su correcta administración.
“Esta solicitud se ampara en los artículos 6 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantizan el derecho ciudadano a conocer el manejo de los fondos públicos”, explicó el representante de la ASJ.
La organización también fundamentó su petición en los artículos 45, 80 y 232 de la Constitución de la República, que establecen la obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas y garantizar la transparencia en la gestión del Estado.
En un país donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, el manejo opaco de un fondo destinado precisamente a protegerla resulta no solo preocupante, sino inaceptable.
Economía – Confidencial HN
