El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad, el pasado 2 de noviembre, el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido. La decisión provocó el cierre de las operaciones de la entidad financiera en …
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La intervención de la entidad financiera por problemas de solvencia dejó inactivos sus servicios, comprometió fondos públicos y previsionales, y provocó un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad, el pasado 2 de noviembre, el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
La decisión provocó el cierre de las operaciones de la entidad financiera en Asunción y el resto del país. Sus cajeros automáticos, aplicaciones móviles y sucursales físicas dejaron de funcionar, lo que impidió a los clientes acceder a sus cuentas y realizar transacciones.
«Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha», declaró Liana Caballero, integrante del directorio del BCP.
La medida dejó congelados los ahorros de cerca de tres millones de clientes y comprometió más de 800 millones de dólares en fondos públicos y de la seguridad social. La situación también abrió un frente político, con un pedido de juicio político contra el presidente paraguayo, Santiago Peña.
Impacto en el sistema financiero y las billeteras digitales
El cierre de Ueno Bank tuvo repercusiones en la actividad económica cotidiana, debido a la amplia presencia de la entidad en el mercado paraguayo. Según la información difundida, el banco atendía a cerca del 60 % de la población adulta y procesaba más de tres millones de transacciones diarias, equivalentes a dos de cada tres operaciones electrónicas realizadas en comercios.
De acuerdo con la agencia EFE, la urgencia de los usuarios por movilizar sus fondos generó una saturación sin precedentes en el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP). También se registraron intermitencias en billeteras digitales del mercado local, como Mango, Vaquita y Eko.
La contingencia afectó operaciones habituales, entre ellas la compra de productos básicos, el pago de alquileres y el abono de salarios a miles de trabajadores.
Fondos públicos y jubilaciones comprometidos
La intervención también alcanzó recursos de instituciones públicas. Entre ellos figuran 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), cuya disponibilidad quedó comprometida y afectó el pago regular a 32.000 jubilados.
Asimismo, la medida involucró fondos estatales vinculados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la represa binacional Itaipú.
Clientes sin acceso a sus depósitos
La incertidumbre llevó a miles de usuarios a acudir a las oficinas de Ueno Bank en ciudades como San Lorenzo, Asunción y Ciudad del Este. Sin embargo, encontraron las sucursales clausuradas y no pudieron retirar su dinero, necesario para cubrir gastos cotidianos, transporte y matrículas universitarias.
En Ñemby, localidad del área metropolitana de Asunción, un cliente llegó a romper la puerta de vidrio de una oficina bancaria luego de no obtener respuestas sobre sus depósitos.
El caso mantiene en alerta a los usuarios y al sistema financiero paraguayo, mientras las consecuencias de la intervención trascienden el ámbito bancario y alcanzan a instituciones públicas y al escenario político.
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